ONU insta a México a proteger a activistas que buscan a personas desaparecidas
El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) ha instado al gobierno mexicano a proteger a los activistas que buscan a personas desaparecidas.
En un comunicado de prensa publicado este jueves, la ONU condenó el ataque del 11 de julio contra personal de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, ocurrido mientras investigaban un lugar de enterramiento clandestino. El ataque mató a seis personas e hirió a 15 más.
La CED ha pedido al gobierno mexicano que investigue de forma inmediata y exhaustiva a los responsables del atentado.
Tras la tragedia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, suspendió la búsqueda de personas desaparecidas por denuncias anónimas, a lo que el CED respondió que “las búsquedas y las investigaciones son obligaciones permanentes”.
La declaración de la ONU sigue otra recomendación hecha el año pasado por el comité luego de su visita a México. En un informe, la CED solicitó al gobierno que establezca un programa de protección integral para las autoridades que investigan desapariciones forzadas y quienes buscan a familiares desaparecidos.
Según el comité, hay más de 110,000 personas desaparecidas en México. Debido a la inacción del Estado, las familias de las víctimas a menudo se ven obligadas a realizar las búsquedas por sí mismas, a menudo con la ayuda de colectivos de ciudadanos. Sin embargo, estos colectivos son frecuentemente atacados y muchos de sus miembros son secuestrados o asesinados.
En agosto de 2022, una activista de personas desaparecidas fue secuestrada y asesinada en Sinaloa tras denunciar la inacción de las autoridades en la búsqueda de su hijo desaparecido. Unos meses después, en octubre, una mujer cuyo hijo e hija estaban desaparecidos fue asesinada a tiros en la carretera entre la Ciudad de México y Puebla después de decir a las autoridades: “Me han puesto precio a la cabeza”.
En Guanajuato, un estado en el que 864 personas han desaparecido desde 2020, cinco personas fueron asesinadas al intentar encontrar a familiares desaparecidos en los últimos tres años. En noviembre, un perro corrió por la ciudad de Irapuato con una pata humana en la boca, lo que llevó a colectivos de desaparecidos a encontrar 53 bolsas con restos humanos.
“Las familias merecen protección y justicia, no la muerte o la desgracia de morir sin saber dónde está su ser querido”, dijo Jesús Peña Palacios, subjefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México. “Estos asesinatos deben ser detenidos”.
Con reportajes de La Jornada
