Gobierno pagará 85 millones de pesos para indemnizar a damnificados por incendio del INM
El gobierno mexicano pagará 85 millones de pesos (US$5 millones) a las familias de las víctimas del incendio que se desató en marzo en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Francisco Garduño, quien sigue siendo director del Instituto Nacional de Migración (INM) a pesar de estar imputado en relación al incendio, anunció que el monto había sido destinado como indemnización por los 40 migrantes fallecidos y 27 heridos.
“En este momento tenemos un fondo inicial de 85 millones [de pesos] autorizado por la Secretaría de Hacienda para comenzar a cubrir la reparación integral de los daños”, dijo Garduño durante una visita este martes al Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, donde se encuentra obligado a presentarse cada 15 días como parte de los procedimientos legales en curso.
En abril, el Fiscal General acusó a Garduño de ejercicio indebido del servicio público por “incumplir con su obligación de vigilar, proteger y brindar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”. Se enfrenta a una pena de prisión de hasta siete años si es declarado culpable.
Las imágenes de video del incendio mostraron que los guardias de seguridad privados y los funcionarios del INM no pudieron liberar a los migrantes de sus celdas después de que una protesta contra la deportación provocó un incendio. A pesar de las pruebas presentadas contra Garduño, se le permite enfrentar el proceso penal en libertad.
Salvador González, jefe del INM en Chihuahua, fue acusado formalmente de homicidio con lesiones y ejercicio ilícito de servicio público el 17 de abril. Se encuentra en prisión preventiva junto con otros cinco agentes del INM, un guardia de seguridad privada y el migrante que presuntamente comenzó el fuego.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una serie de recomendaciones al INM, a la Secretaría de Gobernación (Segob) ya la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas.
Las tres agencias son responsables de la detención y el cuidado de los migrantes. Debido a que la Segob supervisa la creación de la política migratoria del país, la CNDH ha solicitado mejores mecanismos de supervisión, control y verificación para todos los centros de detención.
La Comisión también ha solicitado la creación de un registro nacional de migrantes internados en dichos centros.
Para la SRE, la CNDH ha recomendado a los encargados de su Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria diseñar una estrategia de coordinación y rendición de cuentas para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Con reportes de Infobae y Latinus
