La ley que prohíbe a los ex funcionarios públicos del sector privado es inconstitucional, dictamina el juez

Un juez federal ha fallado en contra de una ley que impide que ex funcionarios públicos de alto rango trabajen en empresas privadas que regularon por un período de 10 años.
El juez Abel Méndez determinó que la disposición de la Ley de Austeridad Republicana que restringe las opciones de empleo de los trabajadores del ex gobierno es inconstitucional, así como "injusta y excesiva".”
La ley de austeridad, que también limita el gasto gubernamental, se aprobó en el Congreso en 2019.
Méndez dictaminó que la prohibición de 10 años viola el derecho a la libertad de trabajo consagrado constitucionalmente, así como el derecho a ganar un salario digno. El gobierno federal anunció que impugnará la decisión.
El fallo del juez, el primero en contra de la ley federal de austeridad, se produjo en respuesta a una solicitud de orden judicial presentada por un ex funcionario federal. Inició la acción legal después de ser rechazado para un puesto en el sector financiero porque dejó el servicio público hace menos de una década.

Méndez reconoció que la experiencia y las habilidades de los funcionarios públicos de alto rango los hacen empleados atractivos para el sector privado, pero la prohibición de 10 años afecta negativamente sus posibilidades de encontrar trabajo.
José Ramón Cossío, abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dijo al diario El País que el derecho constitucional a la libertad de trabajo solo puede restringirse por "razones graves, serias".”
"El juez tomó en cuenta que esta restricción temporal no se puede establecer porque no está autorizada en la Constitución", dijo.
"Es una restricción irrazonable, not no se entiende qué valor legal se está protegiendo", dijo Cossio.
El presidente López Obrador ha criticado repetidamente a ex funcionarios, incluidos los ex presidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, por ocupar lucrativos cargos en el sector privado después de abandonar la vida pública.
"Es algo despreciable, es inmoral", dijo el mes pasado.
Cossío dijo que es probable que la disputa sobre la legalidad de la prohibición de 10 años termine en la Corte Suprema, ya que su validez depende de una interpretación de la Constitución.
Antes de la aprobación de la ley de austeridad, a los ex funcionarios públicos de alto rango se les prohibía trabajar en empresas que regulaban o en las que podían usar información privilegiada de la que tenían conocimiento en sus funciones gubernamentales durante cinco años.
El período actualizado de" reflexión", uno de los más largos del mundo, fue criticado por los legisladores de la oposición cuando se aprobó en el Congreso a finales de 2019.
Con informes de El País