El fiscal general acusa a 4 exfuncionarios en la investigación del software espía Pegasus
La Procuraduría General de la República (FGR) anunció el lunes que está procesando al exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a otros tres exfuncionarios en relación con una compra “ilegal” del sistema de software espía Pegasus en 2014.
La FGR dijo en un comunicado que el exjefe de la AIC Tomás Zerón, a quien el gobierno federal intenta extraditar de Israel, el exjefe de la Policía Federal Ministerial Vidal Díazleal y otros dos ex altos funcionarios de las fuerzas del orden público, Judith Araceli Gómez Molano y Rigoberto García Campos , fueron los responsables de una compra del spyware por 460 millones de pesos (US$26 millones) por parte de la PGR, como se llamaba antes a la Procuraduría General de la República.
El paquete de spyware Pegasus, que puede infiltrarse y extraer información de los teléfonos celulares, está hecho por la firma israelí de ciberinteligencia NSO Group.
La FGR dijo que los cuatro exfuncionarios están acusados de peculado, fraude, abuso de poder y asociación delictuosa en relación con la compra.
“El monto de la operación fue de 460 millones de pesos por un sistema que no tiene esta nueva administración, que la [actual] Procuraduría General de la República nunca ha utilizado y que fue comprado ilegalmente”, dijo.
La FGR dijo que ha solicitado en tres ocasiones que se celebre una audiencia inicial en un tribunal federal de la Ciudad de México y está a la espera de una respuesta.
El gobierno federal dijo en julio de 2021 que las administraciones encabezadas por los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) gastaron aproximadamente US $ 300 millones entre 2012 y 2018 para comprar software espía de NSO Group.
Santiago Nieto, quien era jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno en ese momento, habló sobre un supuesto plan de sobornos en el que parte del dinero pagado a NSO Group aparentemente se desviaba a los funcionarios.
Entre las dependencias gubernamentales que compraron y/o operaron Pegasus durante los dos gobiernos anteriores se encuentran la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Procuraduría General de la República (cuando se conocía como PGR) y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
The New York Times informó en abril sobre un acuerdo inicial entre el ejército mexicano y NSO Group en 2011, en el que el ejército se convirtió en "el primer cliente" en comprar Pegasus.
Periodistas, activistas, figuras de la oposición y otros, incluidas al menos 50 personas cercanas al presidente López Obrador, fueron potencialmente atacados con Pegasus por el gobierno de Peña Nieto, según un informe de 2021 del periódico The Guardian.
The Times dijo que había “encontrado que México ha seguido usando Pegasus para espiar a personas que defienden los derechos humanos, incluso en los últimos meses”. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación publicaron a fines del año pasado una investigación titulada Ejército Espía, en la que se encontró que la Sedena usó ilegalmente el software espía Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos en 2019, 2020 y 2021.
Luis Fernando García, director ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales, una de las organizaciones que contribuyeron a la investigación de Ejército Espía, dijo en una entrevista radial el lunes que el enjuiciamiento de Zerón y otros tres exfuncionarios por parte de la FGR “de ninguna manera satisface la necesidad de justicia” en casos relacionados con el uso de Pegasus durante el actual gobierno y los anteriores.
La FGR señaló en su comunicado que la investigación sobre la compra de Pegasus por parte de la PGR en 2014 es “independiente” de otro caso relacionado con “varias intervenciones ilegales” realizadas con el software espía durante la administración de Peña Nieto.
A pesar de la evidencia en contrario, López Obrador asegura que su gobierno no espía a nadie y solo realiza “trabajos de inteligencia” para combatir el crimen organizado.
Su administración ha estado pidiendo a Israel que extradite a Zerón a México, donde enfrenta cargos relacionados con la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero en 2014.
El exjefe de la AIC había encabezado la investigación por la desaparición de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ahora enfrenta cargos en relación con el caso, que incluyen tortura y manipulación de pruebas.
“Le digo a las autoridades de Israel, cómo pueden... [ustedes] proteger a los torturadores”, dijo López Obrador el lunes después de pedir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que cumpla con el “compromiso” de extraditar a Zerón.
With reports from Proceso, Animal Político and Aristegui Noticias
