Reforma de regulación minera 'suavizada' avanza al Senado
Diputados federales aprobaron modificaciones a las leyes de minería, agua y medio ambiente en una larga sesión legislativa que concluyó la madrugada del viernes.
Una reducción en la duración inicial de las concesiones mineras de 50 años a 30 años es el cambio propuesto más notable en el paquete de reformas, que se adaptó de una legislación más ambiciosa presentada por el presidente López Obrador el mes pasado.
Con el apoyo de diputados del oficialismo Morena y sus aliados, las modificaciones a la Ley de Minería, Ley de Aguas Nacionales, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos fueron aprobadas por la Cámara de Diputados a finales de una sesión de cinco horas que comenzó el jueves por la noche. Las reformas propuestas ahora serán consideradas por el Senado.
Si bien no se han emitido nuevas concesiones mineras desde que el presidente López Obrador asumió el cargo a fines de 2018, las otorgadas bajo las leyes actuales tienen una vigencia de 50 años y pueden prorrogarse por 50 años adicionales.
Según la nueva propuesta, las concesiones mineras serían inicialmente válidas por 30 años y podrían extenderse por otros 25 años. Sería posible una prórroga posterior de 25 años, pero el concesionario tendría que participar en un proceso de licitación contra otras partes interesadas.
López Obrador, quien ha criticado repetidamente a los gobiernos anteriores por otorgar concesiones mineras en grandes extensiones de tierra, había propuesto limitar las concesiones a solo 15 años con un período prorrogable de la misma duración.
La mayoría de los diputados también votaron a favor de hacer obligatorias las licitaciones públicas antes de la emisión de nuevas concesiones mineras y obligar a las empresas mineras a entregar al menos el 10% de sus ganancias a las comunidades en las que operan.
Si la legislación es aprobada en el Senado, donde Morena y sus aliados también tienen mayoría, no se podrán otorgar concesiones hasta que se haya consultado a los indígenas locales, a expensas de las empresas que buscan el permiso para explotar minas en México, y la cancelación de las concesiones por daños ambientales e incumplimientos de leyes serán más fáciles.
El paquete de reformas también busca obligar a las empresas mineras a ser más transparentes. Además, tiene como objetivo proteger las reservas naturales y las fuentes de agua de los daños directos e indirectos de la minería.
Joaquín Zebadúa, diputado de Morena por Chiapas, dijo que gobiernos anteriores otorgaron más de 1.600 concesiones mineras en áreas naturales protegidas. También denunció a las empresas mineras por evadir impuestos.
Raquel Bonilla, diputada de Morena por Veracruz, dijo que el objetivo del paquete de reformas es evitar la sobreexplotación de los recursos minerales e hídricos de México.
La Cámara Minera de México (Camimex) advirtió la semana pasada que la reforma más ambiciosa que había propuesto López Obrador le costaría al sector una inversión de unos 9.000 millones de dólares en los próximos años. La Asociación de Mineros, Metalúrgicos y Geólogos (Aimmgm) dijo a finales del mes pasado que la propuesta original podría provocar un éxodo de empresas mineras de México y poner en riesgo más de 400.000 empleos.
Los legisladores de la oposición expresaron preocupaciones similares en la Cámara de Diputados antes de votar sobre las leyes propuestas.
La Aimmgm reconoció en un comunicado el viernes que la propuesta original fue modificada por los legisladores —“suavizada” en palabras del diario El Economista— pero reiteró su preocupación por la industria minera, que genera el 2.5% del PIB de México.
“Antes de ratificar la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República deberá organizar un parlamento abierto y brindar el tiempo necesario para llevar a cabo un análisis riguroso y un debate legislativo integral, incluyente e informado, con la participación de todos los actores involucrados, con el fin de acordar los cambios oportunos que impulsen el desarrollo de la minería y de México”, dijo la asociación.
“… El diálogo entre la industria [minera] y el sector público es esencial para encontrar el término medio”.
México es el principal productor mundial de plata y uno de los principales productores de cobre y oro.
Las empresas canadienses son importantes inversionistas en el sector minero de México. Si el gobierno canadiense cree que los mineros canadienses están siendo tratados injustamente en México, podría desafiar las leyes de México bajo USMCA, el pacto de libre comercio de América del Norte que reemplazó al TLCAN en 2020.
El gobierno mexicano está hablando sobre el potencial de la incipiente industria del litio, pero la extracción del codiciado metal en México será un desafío ya que la mayoría de las reservas potenciales se encuentran en depósitos de arcilla.
El litio se nacionalizó el año pasado y el gobierno creó una empresa estatal de litio llamada Litio para México, o LitioMx.
With reports from Aristegui Noticias, El Universal, Proceso and La Jornada
