Jefe de inmigración enfrentará cargos por incendio fatal en centro de detención
La Procuraduría General de la República (FGR) anunció el martes que inició un proceso penal contra el principal funcionario de inmigración de México en relación con el incendio del 27 de marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez que se cobró la vida de 40 migrantes.
El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y el comisionado del INM en Chihuahua, Antonio González Guerrero, serán acusados de que ambos presuntamente cometieron “conductas delictivas” al “incumplir con su deber de vigilancia, protección y seguridad de las personas e instalaciones”. bajo su control, dijo la FGR en un comunicado.
Podrían ser encarcelados por hasta tres años si son declarados culpables de los cargos de ejercicio indebido del servicio público.
La FGR dijo que los informes de la Auditoría Federal (ASF) de los últimos años han detallado “con total claridad los errores y descuidos que se siguen cometiendo en el INM” incluso después del incendio de marzo de 2020 en un centro de detención en Tenosique, Tabasco, en el que un migrante murió y otros 14 resultaron heridos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe a raíz del incendio de 2020 que decía que los funcionarios no siguieron “medidas de seguridad que son esenciales y obligatorias” en tales escenarios.
La Procuraduría General de la República dijo que las falencias señaladas en los informes de la ASF indican un “patrón de irresponsabilidad” no subsanado en el INM, “que ha sido la causa de estos lamentables hechos”.
La FGR dijo que también ha abierto causas penales contra otros cuatro servidores públicos que están “directamente vinculados a conductas que provocaron homicidios y lesiones” entre los migrantes detenidos. No especificó los cargos que ocupan.
El anuncio del proceso penal contra Garduño y los demás funcionarios se da luego de la detención de tres agentes del INM y un guardia de seguridad que laboraban en el centro de detención de Ciudad Juárez, así como de un venezolano que presuntamente inició el incendio al prender fuego a colchones cuando y otros migrantes fueron informados de que iban a ser deportados o trasladados a otro centro de inmigración.
Los cinco, que fueron detenidos pocos días después del incendio, enfrentan cargos por homicidio y lesiones y se encuentran en prisión preventiva en espera de juicio.
Un video publicado en las redes sociales mostró que los migrantes varones detenidos en Ciudad Juárez fueron dejados en una sección cerrada del centro de detención a pesar del incendio. Un guardia de seguridad y un agente del INM aparecieron para desalojar el edificio sin abrir la puerta de la sección donde estaban detenidos los migrantes.
El presidente López Obrador dijo el martes que “la persona que tenía la llave” no estaba en el centro de detención cuando comenzó el incendio.
En su comunicado, la FGR dijo que el INM y la empresa de seguridad privada en cuestión firmaron contratos que se adjudicaron sin el proceso de licitación requerido, “generando costos el doble de lo que se paga en el sector público por esos mismos servicios”.
La FGR también dijo que el INM y la empresa de seguridad -propiedad de un cónsul honorario del gobierno de Nicaragua- no habían cumplido con sus “obligaciones de capacitación, control y supervisión” en el centro de detención de Ciudad Juárez.
Garduño actualmente permanece al frente del INM a pesar de la posibilidad de que sea juzgado en relación con el incendio mortal del mes pasado.
López Obrador, quien ha prometido que no habrá impunidad en el caso, defendió a su jefe de inmigración en su conferencia de prensa matutina el miércoles y dijo que su desempeño como director del INM en general ha sido bueno.
“Lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo”, agregó.
Garduño, quien asumió como titular del INM en 2019 tras la renuncia del exjefe Tonatiuh Guillén López, fue secretario de Transporte de la Ciudad de México cuando López Obrador fue alcalde de la capital entre 2000 y
El gobierno de El Salvador exigió su renuncia tras el incendio de Ciudad Júarez, en el que murieron migrantes salvadoreños, así como detenidos de Guatemala, Honduras, Venezuela y Colombia.
Un gran número de migrantes ha cruzado a México por la frontera sur del país en los últimos años, ejerciendo una enorme presión sobre el INM, la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado y los refugios para migrantes.
El gobierno federal también se ha enfrentado a la presión de las autoridades estadounidenses para hacer más para evitar que los migrantes lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos. Cientos de miles de migrantes han sido detenidos y deportados desde que el actual gobierno federal asumió el cargo a finales de 2018.
El destino final previsto de la mayoría de los migrantes es Estados Unidos, pero muchos se encuentran varados en el sur de México mientras esperan la autorización para viajar legalmente por el país, o en las ciudades fronterizas del norte mientras esperan la oportunidad de buscar asilo en los Estados Unidos.
Según los informes, muchos de los hombres muertos o heridos en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez fueron detenidos mientras pedían limosna o lavaban los cristales de los coches en los semáforos de la ciudad fronteriza del norte.
With reports from El Financiero, Reforma and El Universal
