Las sequías, la mala gestión y la corrupción reducen el acceso al agua
México necesita actualizar la legislación en materia de acceso y distribución de agua en el país, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En un comunicado de prensa para celebrar el Día Mundial del Agua, el grupo pidió al gobierno federal que se asegure de que el acceso al agua limpia y al saneamiento esté consagrado en la ley.
Las Naciones Unidas reconocen el acceso al agua como un derecho humano básico.
Doce millones de mexicanos actualmente no tienen acceso a agua potable limpia. Según las estadísticas del gobierno, una encuesta sobre la infraestructura nacional del agua reveló que cuatro estados no tienen instalaciones de tratamiento de agua potable. Otros seis tenían menos de tres.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el 58% del país no cuenta con tratamiento de aguas residuales, aunque estas estadísticas se publicaron originalmente en 2020.
A pesar de una resolución de 2012 para implementar una nueva ley general de aguas, no se ha aprobado ninguna nueva legislación desde 1992. La Corte Suprema ha denunciado esta falta de emisión de nueva legislación, calificándola de “omisión legislativa”.
Un problema importante identificado por IMCO fue el mal uso de los derechos de extracción de agua. Los títulos de extracción duran entre cinco y 30 años, pero no tienen un proceso de transferencia transparente, lo que significa que hay poca supervisión de cuánta agua se usa y quién la usa.
Ha habido informes de que en algunas regiones del país, los derechos de agua se han proporcionado a los agricultores de forma gratuita, pero luego se descubrió que se habían desviado a parques industriales, que utilizan una cantidad significativamente mayor de agua. Sin la medición adecuada y la supervisión del gobierno, IMCO estima que hasta el 15% del agua potable limpia en México ha sido malversada de esta manera.
Esta apropiación indebida es particularmente crítica, ya que las sequías se han intensificado en la última década y la sobreexplotación de los acuíferos ha aumentado en un 15%, poniendo más estrés en un sistema ya precario.
Entre los problemas que enfrenta México se encuentran la mala gestión de los recursos públicos y la incapacidad de rastrear los niveles de agua y las cuencas a nivel nacional. Esto ha hecho que la gestión del agua sea un problema geopolítico, en lugar de geofísico, y ha limitado la capacidad de la Comisión Federal del Agua para monitorear la oferta y la demanda.
La falta de monitoreo en los sistemas de tuberías también significa que las autoridades no pueden identificar fugas en tiempo real, lo que genera un desperdicio significativo y la interrupción del suministro.
Para atender estos problemas, la Comisión Federal de Recursos Hídricos (Conagua) ha propuesto un nuevo fondo nacional de infraestructura hídrica, diseñado para satisfacer las necesidades del país al 2030. De aprobarse, el IMCO estima que tendrá un costo de 600 mil millones de pesos.
Tanto el gobierno actual como la oposición han acordado que la aprobación de una nueva ley debe tener prioridad, pero aún no se han tomado medidas para hacerlo.
“Un marco legal y regulatorio más moderno no resolverá por sí solo los desafíos de la gestión del agua”, advierte el IMCO, “pero es una condición indispensable para encaminar al país hacia sistemas hídricos más eficientes que garanticen el acceso al agua para todos los mexicanos”.
Con informes del IMCO e INEGI
